La discusión sobre el
acceso de los inmigrantes a la ciudadanía ha sido caracterizada a menudo por
los oscilaciones entre las ofertas radicales para la asimilación o para la
diversidad ilimitada: o abrimos nuestras fronteras a cualquier persona, o no; o
la responsabilidad de la integración se ciñe solamente con los recién llegados,
o con los contribuyentes; o todos los recién llegados deben percibir ayuda
pública y ser ayudados a mantener sus culturas, idiomas, e identidades, o no; o
todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados inmediatamente, o no debe
haber distinción entre los inmigrantes legales e ilegales.
DEU acentúa que se sirve a
las sociedades lo mejor posible si los inmigrantes legales que han resuelto los
requisitos educativos, se pueden convertir en ciudadanos de pleno derecho más
que seguir como huéspedes, que es a menudo un término que encubre al ciudadano
de segunda clase. La llave para un consenso democrático defendible y
económicamente viable sobre la inmigración está en tomar decisiones claras con
antelación sobre la proyección y naturaleza de inmigración que prefiere la nación.
Después el gobierno puede proporcionar la residencia permanente para ésos
admitidos y facilitar su acceso a la ciudadanía de pleno derecho que representa
la nacionalidad. Este acercamiento ofrece una manera más sensible de proveer de
personal al mercado de trabajo, unir a familias, y permitir que los ciudadanos
determinen la forma en que la inmigración moldea la economía nacional y la
cultura.
Las preferencias culturales
-por ejemplo, que España prefiera a inmigrantes de habla española- son
aceptables porque ayudan a sostener la unidad, siempre y cuando no impidan la
inmigración para los propósitos de la reunificación familiar o del derecho de
asilo y se basen en la cultura más que en la raza o la sangre. La ayuda pública
para la inmigración también requiere que las políticas puedan implementarse con
autoridad. Así, un mejor control de las fronteras, sanciones a empresas que
violen leyes migratorias, quizás incluso un documento de identidad nacional
para todos los residentes legales, son medidas que pueden crear un sistema
eficaz aceptado por la opinión pública (estas medidas no se aplicarían a los
que piden asilo político) Habrá que hacer esfuerzos para el establecimiento de
criterios justos y transparentes sobre la inmigración ilegal de acuerdo con los
valores democráticos. Una sociedad no debe entender su ciudadanía solamente
como un paquete de derechos sino como un vehículo para la participación y la
responsabilidad cívicas.
Los estados democráticos
deben tener reglas claras y justas para la admisión y la acogida de los
inmigrantes legales, incluyendo tasas razonables para el proceso de
legalización. Los requisitos lingüísticos y educativos pueden ser más altos que
los actuales, y así asegurarse que se ha adquirido familiaridad no solamente
con los funcionamientos del gobierno democrático sino también con los elementos
de unión de la sociedad receptora. Los inmigrantes que todavía no han terminado
sus procesos de adquisición de nacionalidad podrían sin embargo ser investidos
de derechos como votar en las elecciones locales y de servir en la función
pública, entre otras cosas porque se les ayuda a adquirir práctica cívica y a
crear una función pública que se adecua mejor para ocuparse de las minorías.
La doble nacionalidad
podría ser permitida o aún ser animada siempre y cuando los principios y las
prácticas apropiadas para reconciliar conflictos entre lealtades se puedan
establecer de acuerdo al principio que la nación de la residencia permanente
toma prioridad.
En
resumen, la nacionalidad es una manera fundamental por la que una persona se
hace miembro responsable y aceptado de una comunidad. Por lo tanto no debe ser
concedida sin la preparación apropiada ni ser negada a los que han culminado
las medidas requeridas de inculturación.
Asumimos que la ciudadanía
y la nacionalidad no están basadas en la raza sino en ser parte de una
comunidad histórica, con su propia cultura e identidad. Incorporarse a esta
comunidad es venir a compartir una historia, cultura, e identidad según lo
caracterizado por la diferencia entre los elementos de la unidad y de la
diversidad discutidas previamente. La historia no se para y continúa siendo
modificada, en parte bajo influencia de los nuevos miembros.
La ciudadanía no debe ser
un bien de consumo gratuito sino una empresa comunal y libre, un estado y una
identidad con derechos y responsabilidades sociales. Esto es así tanto para los
que quieren llegar a ser ciudadanos de un país como para los que ya lo son.
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