Desde el año 2001 Azul Ambientalistas ha venido trabajando en alianza con la organización Vitalis, para identificar los principales aciertos y las Principales Problemáticas Ambientales de nuestro país. El presente análisis evalúa los principales alcances y dificultades de la gestión ambiental en Venezuela durante el año 2010 e identifica acciones concretas que pueden ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo, para promover una mayor eficiencia y eficacia en la gestión, conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales y del ambiente en general.
. Principales Problemas Ambientales del 2010 Seguidamente se resumen los principales problemas ambientales identificados por parte de los especialistas consultados durante este análisis, ordenados de mayor a menor importancia, de acuerdo con la frecuencia y coincidencia en su mención. Es de hacer notar que algunos de los problemas abordados trascienden la escala temporal del período bajo estudio, con lo cual se denota la dimensión de cada variable ambiental y se destaca la consuetudinaria aparición de problemas año tras año, pues esta problemática pareciera ser más bien el resultado de una serie de eventos, que la consecuencia de un problema aislado o aislable.
Asimismo, destaca que algunos de los problemas citados están relacionados entre si, sin embargo en algunos casos se mantiene su mención independiente, para facilitar su análisis y comprensión. En algunos casos, fue necesaria la comprobación documental de las informaciones aportadas por los expertos, dada su complejidad y/o poca ocurrencia dentro de la muestra. De acuerdo con los 131 especialistas que participaron en la consulta 2010, los principales problemas ambientales del año, en orden de mayor a menor importancia, fueron:
1. Larga sequía e inundaciones que afectaron a todo el país, con consecuencias en diversos escenarios del acontecer nacional, particularmente en lo social, económico y ambiental. Tal situación evidenció la carencia de planes y estrategias eficientes que permitan conocer, comprender, manejar y generar los mecanismos para minimizar los impactos del cambio climático y de las emergencias originadas por los diversos fenómenos naturales ocurridos. En este sentido, la Segunda Comunicación sobre Cambio Climático, así como el plan y la estrategia nacional para mitigar sus efectos y desarrollar los mecanismos de adaptación, siguen siendo una deuda con el país.
2. Inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos (principalmente domésticos), tanto en la fuente como en los sistemas de transporte, tratamiento y/o disposición final, en particular dentro de las grandes ciudades. Especial preocupación existe por la cantidad de vertederos y botaderos de residuos que proliferan en el país, manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así como la cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el debido tratamiento final. Pese a decretarse el tema de la basura como de emergencia nacional desde el 2001, poco se ha avanzado en su solución.
3. Mal manejo de vectores que ha traído como consecuencia la proliferación de enfermedades metaxénicas, que pueden transmitirse de otros animales a seres humanos (zoonosis), o entre los seres humanos a través de insectos u otros animales (zooantroponosis). Entre ellas encontramos al Dengue, que debe tratarse no sólo como un problema sanitario, sino también ambiental, y que ha afectado y sigue afectando a un grupo importante de la ciudadanía.
4. Inapropiado manejo de las aguas servidas y residuales, que contaminan las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, deterioran el paisaje, y comprometen los atributos físico-químicos y naturales de ríos, riachuelos, lagunas, lagos y playas a nivel nacional.
5. Nueva amenaza de modificar el lindero norte del Parque Nacional Waraira Repano, sin el debido análisis técnico y la consulta a las universidades, los grupos conservacionistas, los centros de investigación, las comunidades, y hasta otras instancias del mismo gobierno. Algunos expertos consultados advierten que su modificación pudiera no ser solo riesgosa para la integridad del área protegida y su representatividad ecosistémica, sino para los posibles habitantes que llegaran a poblar la zona, caracterizada por altas pendientes y con escasos servicios públicos, en particular del agua potable.
6. Limitado tratamiento y acceso al agua potable. Muchos expertos reportan agua con problemas de potabilización, producto de las lluvias y de algunos sistemas ineficientes de tratamiento y distribución.
7. Producción y/o comercialización de equipos electrónicos, considerados como peligrosos una vez desechados. Las empresas públicas y privadas corresponsables deben informar y estimular a sus clientes a disponerlos apropiadamente al final de su vida útil, a coordinarse apropiadamente con las autoridades ambientales, y a cumplir los estrictos controles a las que son sometidas algunas de ellas en mercados internacionales.
8. Derroche de agua y energía siguen siendo prácticas habituales de la ciudadanía, pese a las crisis de los sectores energético e hídrico. Los esfuerzos educativos, informativos, persuasivos y coercitivos en esta materia, parecen no haber logrado los resultados esperados.
9. Proliferación de sistemas de generación de energía eléctrica altamente contaminantes, operados con diesel y/o gasoil, aunado al poco incentivo e inversión para impulsar el uso de energías limpias y/o renovables, como la eólica (por efecto de las masas de aire), undimotriz (del mar) y solar.
10. Pocos esfuerzos en materia educativa ambiental, que formen en valores a la ciudadanía y promueva nuevas actitudes en favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchos de los esfuerzos desarrollados en el 2010 se articulan más en compañas publicitarias que educativas, olvidando la necesidad de permanecer en el tiempo para lograr los cambios de conducta indispensables en la materia, a los fines de abordar y resolver los principales problemas ambientales que afectan al país.
11. Falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales y municipales en la gestión ambiental oficial. En particular la descoordinación es notoria entre gobiernos de distintas tendencias políticas, olvidando que el ciudadano y su entorno son los principales afectados de tales conductas.
12. Contaminación de las playas marinas y lacustres, por acumulación indebida de residuos y desechos sólidos, disposición de aguas servidas sin el debido tratamiento y el uso indiscriminado de combustibles y lubricantes que son arrojados directamente al mar, lo cual ocasiona efectos contaminantes en nuestras playas marinas y lacustres afectando a la fauna y flora de estos ambientes.
13. Vertido de crudo en el Lago de Maracaibo extendido hasta las costas del municipio Maracaibo, municipio San Francisco, la Cañada de Urdaneta y la Costa Oriental de Lago, con los efectos negativos en la fauna y vegetación del Lago de Maracaibo y las zonas aledañas.
14. Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos a nivel nacional. Las empresas operadoras de recolección siguen sin contar con toda la infraestructura necesaria para el apropiado manejo de estos residuos y las autoridades ambientales realizan pocos esfuerzos para su debida supervisión.
15. Limitada inversión en investigación científica orientada a documentar la situación de la biodiversidad, así como para describir y valorar territorios poco explorados en nuestra geografía, situación que algunos expertos consideran que empeorará con el cambio de la LOCTI, y que pudiera tener efectos en la gestión ambiental en general, en especial de las empresas, las ONG y las universidades.
16. Débil actuación ambiental de algunas ONG frente a propuestas legislativas gubernamentales, así como ante las expropiaciones de reservas o hatos privados destinados a la conservación de la naturaleza, que han permanecido en silencio, pese a la importancia de estos temas en la gestión ambiental de Venezuela.
17. Posible amenaza de la integridad del Santuario de Fauna Silvestre Cuevas de Paraguaná, único existente en Venezuela, debido a la puesta en marcha del Proyecto Petroquímico Polipropilenos del Sur que pudiera atentar en contra de su integridad.
18. Amenaza a la integridad de algunas reservas naturales producto de la invasión, expropiación e/o intervención de diversos Hatos con vocación conservacionista, que pudieran conllevar cambios en sus usos y actividades incompatibles con sus objetivos a favor del desarrollo sustentable.
19. Persistencia de la minería ilegal en el sur del país, en particular en los estados Bolívar y Amazonas, con consecuencias lamentables en la calidad de los cuerpos de agua, especialmente por el mercurio depositado en dichos cuerpos de agua.
20. Eutrofización de diversos embalses evidenciado por el crecimiento incontrolado de plantas acuáticas, por causas que deben evaluarse y manejarse, a fin de no comprometer la vida útil de estos cuerpos de agua.
21. Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda), Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón), Falcón-Zulia, Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y carreteras y pueblos del Edo. Bolívar.
22. Proliferación de la Palometa Peluda (Hylesia metabus) en algunas zonas del oriente del país, que ha traído algunos problemas de salud incluyendo dermatitis a los pobladores, además de la alteración de algunos procesos ecológicos esenciales ligados a los hábitos de este Lepidóptero.
23. Inapropiado manejo de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, y poco conocimiento que rige la materia de pesticidas y/o plaguicidas en el país, lo cual puede generar consecuencias tanto para quienes administran estas sustancias, como para los medios en los cuales son suministradas.
24. Limitada supervisión y control de las fuentes fijas y móviles de emisiones a la atmósfera, exacerbadas por el congestionamiento del tránsito en las principales ciudades y el uso de plantas termoeléctricas con combustibles fósiles. La contaminación atmosférica se ve agravada por el deficiente seguimiento al mantenimiento del parque automotor, en particular de las unidades de transporte público y de carga.
25. Uso indiscriminado de sirenas y cornetas, sin dejar de lado el hábito criollo de tocar corneta en forma excesiva, lo cual ocasiona niveles de contaminación sónica elevados en diversas zonas del país. Destaca también el volumen excesivo en algunos espectáculos públicos, sin el debido control.
26. Bajo impacto de la celebración del Año de la Biodiversidad en el país, expresado en la baja inversión de las investigaciones, el desarrollo de pocos foros, congresos y seminarios con la debida representatividad de los principales sectores, la deforestación producto de invasiones, los incendios forestales, y los pocos resultados en materia de inventarios y nuevas especies reportadas para el país.
27. Mal manejo de especies domésticas, en particular el descontrol que existe en cuanto al inventario de estos animales a nivel municipal, su control veterinario y el retiro de animales atropellados en las avenidas y autopistas, este último considerado como crítico. La nueva Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio poco aportó en esta materia, pues no se cumple, además de ser catalogada por algunas asociaciones protectoras de animales como eutanásica y especista.
28. Presupuesto deficitario especialmente para el manejo de las Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial (ABRAE), particularmente aquellas con fines de protección, como los Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios y Santuarios de Fauna Silvestre, lo cual ha limitado su planificación, monitoreo y conservación, en particular para el control de las invasiones, así como el uso intensivo de dichas áreas por parte de la colectividad.
29. Desarrollo de viajes o safaris con vehículos rústicos (4 x 4), con supuestos efectos en las áreas naturales, los cursos de agua y en general, el medio natural. Ello incluye el acceso de vehículos de todo tipo a sabanas y playas, sin el debido control, en particular dentro de Parques Nacionales como Canaima y algunos ubicados en los Llanos venezolanos.
30. Falta de respuesta a las solicitudes y pronunciamientos por parte de las autoridades ambientales del país, ante las solicitudes, propuestas y recomendaciones formuladas por investigadores, universidades y ONG, en temas ambientales claves, en particular en biodiversidad y áreas protegidas.
31. Crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, particularmente en los estados Bolívar, Zulia, Carabobo, Monagas y Anzoátegui, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos.
32. Posible ausencia de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) en algunos proyectos urbanísticos, agrícolas, turísticos y de infraestructuras, locales, regionales y nacionales, obligatorias en el marco jurídico vigente y en particular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
33. Limitada participación de los sectores científico, académico, tecnológico y las ONG en las consultas públicas promovidas por diversas autoridades, para tratar temas ambientales y proyectos normativos específicos, en particular con las recientemente promulgadas Ley de Bosques y Ley de Basura.
34. Carencia de centros profesionales para la recepción, mantenimiento en cautiverio y reinserción a su hábitat natural de las especies silvestres que han sido rescatadas de manos privadas, devueltas por particulares tras mantenerlos en cautiverio o recuperadas en carreteras producto de arrollamientos.
35. Poca inversión y desarrollo de la infraestructura de conservación ex situ en el país, constituida por zoológicos, acuarios y jardines botánicos que constituirían una excelente oportunidad para la educación, la recreación y la formación especializada.
36. Acuerdo de cooperación e intercambio con Corea del Sur para donar unas toninas, sin la debida consulta con los diversos actores locales y nacionales, lo cual generó una gran resistencia por parte de la comunidad conservacionista y científica venezolana.
37. Desinformación y alarma innecesaria frente a fenómenos climatológicos y/o naturales como la Calima, el Relámpago del Catatumbo, la disminución del caudal del Salto Angel o la represa del Guri, o la presencia del Mar de Leva, entre otros, pues la población desconoce su naturaleza y dinámicas.
38. Falta de seguimiento a tiempo de compromisos nacionales importantes, como el Plan Nacional para la Atención de Riesgos Naturales, el Reglamento de la Ley de Aguas, y el Reglamento de la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, actualmente conocida como Ley de Gestión Integral de la Basura. Destaca la necesidad de preparar a la ciudadanía para su actuación frente a movimientos telúricos, inundaciones, deslaves y otros fenómenos naturales, pues en general, la colectividad no sabe qué hacer frente a los mismos.
39. Limitado control de especies exóticas en el país, en particular del Pez León (Pterois volitans), que ha sido reportado y descrito en diversas localidades marinas de la costa venezolana, con efectos conocidos sobre especies autóctonas.
40. Deforestación para fines agrícolas y urbanísticos, con posibles afectaciones no sólo en la calidad de los suelos, sino en la destrucción de fuentes de agua y en la regulación climática e hidrológica donde ocurren.
41. Mal manejo fitosanitario de árboles urbanos en las principales ciudades del país, incluyendo la realización de podas severas inapropiadas, y pérdida de árboles por enfermedades, estrés hídrico o exposición a agentes contaminantes atmosféricos.
42. Inseguridad personal en parques de recreación y algunas áreas naturales protegidas, que dificultan su uso por parte de usuarias y usuarios, y debilita la propia actuación oficial en su protección y su uso por parte de la ciudadanía.
43. Degradación de algunas cuencas por contaminación, en particular del Lago de Valencia y de Maracaibo, y los ríos Limón, Catatumbo, Motatán, Tocuyo, Tuy, Guárico, Guapo, Unare, Manzanares y Neverí, entre otros.
44. Pocos avances en la recuperación del Río Guaire. Los expertos consideran que no se han compartido indicadores ambientales convincentes, más allá de las inversiones y acciones tomadas en su desarrollo.
45. Construcción de desarrollos habitacionales sin criterios de ecodiseño y ecoeficiencia, que no promueven el uso de la luz natural, la racionalidad en el consumo de agua y energía y el manejo responsable de sus residuos y desechos.
46. Carencia de un sistema eficiente, automatizado y confiable de alerta temprana, que monitoree el nivel de los ríos, la pluviosidad, la velocidad del viento y otras variables climatológicas importantes, para la prevención y atención de emergencias.
47. Destrucción de tierras agrícolas por erosión, salinización, sobre-uso de fertilizantes y pesticidas y falta de control biológico integrado de plagas, entre otros, que pudieran comprometer la seguridad alimentaria del país.
48. Débil o nula promoción del uso de la bicicleta por parte de los municipios. Las ciclovías siguen siendo una panacea en la realidad de las principales ciudades de Venezuela, pese a su importancia y conveniencia para aliviar el tráfico en las ciudades y promover una vida más sana.
49. Poca información en torno a vectores importantes que pudieran transmitir enfermedades. Los currícula vigentes no abordan de manera integral y pedagógica enfermedades como el Chagas, Dengue, Paludismo, Malaria, Bilharzia, entre otras.
50. Cacería furtiva en diversas partes del país, en particular en los Llanos, los Andes y las zonas montañosas de la Región Costera, lo cual genera importantes impactos sobre la vida silvestre.
51. Limitada participación de todos los sectores en la Misión Árbol, pues pareciera sólo incorporar algunos grupos de la sociedad identificados con el gobierno nacional, y no a todas las organizaciones interesadas en participar. Adicionalmente, algunos expertos tienen dudas en sus indicadores sobre el número de árboles plantados, y si efectivamente se han desarrollado los programas para manejar las áreas que permitan garantizar su supervivencia.
52. Pérdida de áreas de manglar por acción combinada de la sequía prolongada y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas en su área de influencia, con subsecuentes efectos sobre la biodiversidad.
53. Poco reciclaje de los residuos en el país, el cual no alcanza ni 10% del total de residuos producidos en el país. Muchas empresas se encuentran colapsadas o pagan montos muy bajos por los residuos, lo cual origina que el reciclaje no sea una práctica atractiva para los usuarios, entre otros temas, por la cadena de intermediarios que suele haber. A ello se suma la expropiación de Owens Illinois que ha generado algunas inquietudes en algunos recicladores consultados, y la falta de incentivos al desarrollo de esta industria en el país.
54. Fragmentación de algunos hábitats, producto de deforestaciones, proyectos constructivos o incendios forestales, con posibles efectos en la interrupción de corredores naturales y procesos ecológicos esenciales a la escala del paisaje.
55. Consumismo incontrolado en todos los estratos de la sociedad, lo cual no sólo demanda mayor consumo de materiales, agua y energía, sino también incrementa la generación de residuos y desechos sólidos.
56. Politización de algunos entes tradicionalmente técnicos en el sector ambiental, lo cual pudiera debilitar su actuación profesional y especializada en la gestión de los recursos naturales, en cualquiera de sus áreas de actuación.
57. Contaminación visual por excesiva publicidad en diversas regiones del país (tanto pública como privada), incluyendo propaganda en pendones de eventos que luego no son retirados por sus auspiciantes de espectáculos, actividades políticas, y negocios, entre otros.
58. Débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, particularmente por organismos como la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Guardia Nacional Bolivariana.
59. Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública, y en especial de las EIAs (Evaluación de Impacto Ambiental) de los grandes y medianos proyectos de desarrollo, lo cual pudiera originar desinformación en las audiencias claves y/o especializadas, así como en la colectividad en general sobre temas claves y estratégicos nacionales.
60. Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares, las empresas, las universidades y las ONG, tanto a nivel nacional como estadal y municipal pudiendo originar desinterés y falta de compromiso con un tema de importancia vital.
61. Debilitamiento de los museos nacionales, en particular de aquellos destinados a promover las ciencias y la conservación ambiental, originando desinformación en el tema de conservación ambiental y del patrimonio natural y cultural del país.
62. Limitada cobertura de los temas ambientales en los medios de comunicación social, con excepción de la Cumbre de Cancún sobre Cambio Climático, de las efemérides ambientales más importantes y de alguna que otra denuncia, no siempre acompañadas de voceros debidamente calificados.
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